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jueves, 20 junio, 2024
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Una resolución judicial en EE.UU. causó un inesperado rayón en el bronce de Cristina Kirchner

La acusación del supuesto terrorista Samuel Salman el Reda como uno de los autores del impune atentado a la sede de la AMIA, por parte de la fiscalía del distrito sur de Manhattan, en Estados Unidos, es un nuevo rayón en la carrocería política de Cristina Kirchner, quien lleva una década intentando desacreditar la investigación judicial que en la Argentina llegó a la misma conclusión: que el ataque fue planificado y financiado por el gobierno iraní y ejecutado a través de diplomáticos de ese país y terroristas del grupo libanés proiraní Hezbollah.

El capítulo personal de Cristina con esta luctuosa trama comenzó con el giro copernicano respecto de la postura que su marido y antecesor en el poder había tenido frente a la responsabilidad de Teherán en el atentado. Viuda de Néstor y arropada por el relato chavista de las relaciones internacionales, en 2013 la presidente sorprendió al país con la firma de un Memorándum de Entendimiento con Irán.

El documento, que fue refrendado en el Congreso pero nunca llegó a aplicarse por la resistencia local y el consecuente escepticismo en el gobierno persa, contemplaba la creación de una «Comisión de la Verdad» ad hoc, que escucharía a los acusados para conocer su descargo y establecer algún tipo de negociación posterior entre los gobiernos. En la práctica, desconocía la exigencia de la justicia argentina para que esos acusados compadezcan ante los tribunales locales, como cualquier sospechoso.

En 2007, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había pedido a Interpol que publicara siete «alertas rojas» para los imputados en la voladura del edificio de la calle Pasteur 633. Esas alertas implicaban la inmediata detención de los acusados en cualquier lugar del mundo en el que fueran identificados. Uno de ellos era el colombiano-libanés El Reda.

Según los magistrados argentinos, el llamado Pacto con Irán desdibujaba tanto su rol constitucional como aquel pedido que Interpol había aceptado. Mucho se discutió desde entonces respecto de la validez o no de las alertas luego de la firma del Memorándum, de hecho suavizadas con una leyenda: «La Secretaría General de Interpol ha sido informada respecto de que el 27/01/2013 se firmó un acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática«, decía esa aclaración.

Luego, aclaraba que «el estado de la presente notificación permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General de Interpol en 2007».

El pacto con Irán y sus consecuencias legales y políticas fueron las causas que impulsaron al fiscal de la UFI AMIA a realizar una denuncia penal contra Cristina Kirchner, varios de sus funcionarios y militantes sin cargo, espías inorgánicos y adherentes locales del régimen teocrático iraní. ¿Su nombre? Alberto Nisman.

Cuatro días después de entregar esa denuncia en Comodoro Py y horas antes de explicarla ante el Congreso, Nisman apareció muerto en el baño de su casa. De inmediato, el gobierno activó un vasto dispositivo mediático para desacreditar el trabajo del fiscal, desprestigiar su investigación y difamar su vida privada.

Casi nueve años después, la muerte de Nisman -que según la justicia fue un asesinato-, su denuncia y por supuesto el ataque terrorista, siguen impunes.

Las pinzas de kirchnerismo se movieron mucho y rápido para evitar que la acusación del fiscal muerto sea investigada. También su crimen, pero el esfuerzo político, jurídico y de los servicios de inteligencia oficiales y oficiosos vinculados a Cristina estuvo dirigido a coagular el caso que, según ella misma admitió en una llamada telefónica con Oscar Parrilli, es «el que más me preocupa».

El último eslabón de esa cadena de esfuerzos ocurrió en octubre de 2021, cuando el Tribunal Oral Federal 8 decidió que el juicio oral no debía hacerse y que tanto la entonces vicepresidente como el resto de los acusados tenían que ser absueltos.

Pero aquella brisa desde la popa para Cristina viró en un fuerte viento en contra: la Casación Federal anuló la resolución del TOF 8, ordenó que el juicio se haga y apartó a dos de los tres jueces, que habían votado por archivar todo directamente. En su lugar, fueron sorteados Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dos de los tres jueces que condenaron a Cristina en el caso Vialidad. Más que viento, un huracán.

Cuando las audiencias públicas ventilen cómo el pacto con Irán pudo haber servido para encubrir a los iraníes y el libanés El Reda -comandado él también desde Teherán- volverá a repasarte la investigación que había hecho Nisman sobre ellos, que Cristina menospreció y ahora la justicia estadounidense vuelve a recuperar.

La investigación de Nisman sobre Salman El Reda

Tal como reconstruyó Nicolás Wiñazki en Clarín, Nisman se había referido con mucha precisión al supuesto terrorista ahora apuntado desde Nueva York: “Samuel Salman El Reda resulta un ejemplo clarísimo de la unión estratégica entre el Hezbollah y el régimen iraní y del modo en que esta sociedad ha infiltrado agentes en América Latina a efectos de llevar adelante sus acciones”.

Para el malogrado titular de la UFI AMIA, “está acreditado que resultó uno de los principales responsables, a nivel local, en la preparación y consumación del ataque que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la AMIA”.

Nisman tenía información que acreditaba que Salman El Reda -en verdad llamado Salman Rouf Salman- vivió en la Argentina de modo intermitente entre 1989 y 1994, que nunca dejó de ser un agente infiltrado de la Hezbollah en Buenos Aires, en la Triple Frontera, en Brasil y en Colombia, y que en la mezquita Al Tahuid de Flores, liderada por el clérigo Mohsen Rabbani -otro de los acusados por el atentado a la AMIA- conoció a quien sería su esposa y madre de sus hijos, la argentina Silvina Saín, con quien se casó en 1989.

El fiscal del caso AMIA elaboró cuadros con los diferentes entrecruzamientos de teléfonos que se hicieron desde líneas vinculadas a Salman Raouf entre el 21 de abril de 1994 y el 18 de julio del mismo año, el día en que explotó la AMIA.

Para las agencias de Inteligencia del extranjero, Salman Raouf ayudó a esconder los 400 kilos de explosivos que se cargaron en la Traffic que manejó un chofer suicidada contra el frente de la AMIA; alquiló o compró una casa en la que se escondió el ingeniero Malek Obeid, que armó esa bomba, y habría buscado en un escondite en Buenos Aires a buena parte de los detonadores que se usaron en el ataque.

Según la información de inteligencia de agencias occidentales que utilizó Nisman, Salman Raouf habría sido quien controló dónde se estacionaría la Traffic que el lunes 18 de julio del 94 volaría la AMIA.

El fiscal del caso AMIA elaboró cuadros con los diferentes entrecruzamientos de teléfonos que se hicieron desde líneas vinculadas a Salman Raouf entre el 21 de abril de 1994 y el 18 de julio del mismo año, el día en que explotó la AMIA.

Usando diferentes líneas, el terrorista libanés comunicaba casa paso del operativo a la central de comunicaciones que Hezbollah había montado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Desde el microcentro porteño hizo llamados a Foz, al “abonado instalado en el domicilio que, en el Líbano, habitaban los padres de Samuel Salman El Reda” (textual de Nisman)”, y .al que vivía desde junio de 1994 Silvina Sain”.

Las últimas llamadas de El Reda son determinantes. El 18 de julio, minutos antes de la explosión, desde el aeropuerto Jorge Newbery se realizaron, varias comunicaciones. A las 07:41 llamó a André Marques, el nombre en clave que usaba uno de los yihadistas que estaba en Brasil y recibía las novedades sobre lo que ocurría en secreto en Buenos Aires.

Veinte minutos después, Salman Raouf Salman tomó el vuelo 66 de Austral a Puerto Iguazú. Luego pasó a Foz de Iguazú o hacia la Triple Frontera. Una hora y cincuenta y tres minutos después del despegue de esa aeronave estallaba la AMIA.

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