Argentina, en el plano internacional a nivel judicial, se agravó considerablemente con el reciente fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en la causa por la expropiación de YPF. Es el que tiene el mayor monto de condena, pero hay otro grupo de litigios contra el país en distintas instancias procesales, que totalizan otros u$s14.000 millones.
En este sentido, la última sentencia de la magistrada norteamericana obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y a Eton Park para cumplir con la condena previa contra la Argentina por los u$s16.100 millones, a los cuales se les debe añadir u$s1650 millones en concepto de intereses desde septiembre de 2023, según el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril. De esta forma, el monto supera los u$s17.500 millones.
Los procesos judiciales pendientes de Argentina en el exterior y el caso YPF
Cabe mencionar que, en un segundo fallo, Preska ordenó entregar acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge, ganador de una sentencia contra el país por u$s95 millones más intereses por la deuda en default.
Luego de la decisión judicial, los beneficiarios del fallo, fundamentalmente el fondo Burford, comenzaron una ronda de consultas e intentos de contactar a las autoridades locales para acordar las condiciones de pago de la sentencia. Ya a fines de 2024, habían dejado trascender que aceptaban negociar y consideraban cobrar parte del fallo en bonos.
Sin embargo, Argentina siempre intentó dilatar lo máximo posible los pagos y, para eso, recurre a cuanta instancia de apelación esté disponible. El gobierno de Javier Milei no hizo cambios significativos en esa estrategia legal. El propio mandatario confirmó que apelará la reciente sentencia de Preska.
Con respecto al frente judicial en el exterior, la Argentina enfrenta distintos procesos en Nueva York, Londres y casos que se gestaron y aún están en el CIADI, el tribunal de controversias del Banco Mundial. Esos litigios agregan cerca de otros u$s14.000 millones contra el país.
Excluyendo la expropiación de YPF, hay más de u$s2400 millones en litigios en el CIADI; u$s1800 millones en los casos por los bonos de la deuda en default del 2001; y otros casi u$s9278 millones por los casos por la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo conocido como cupón PBI.
Cabe resaltar, que según cálculos de Latam Advisors, con el caso YPF incluido, los juicios contra el país en tribunales extranjeros suman unos u$s32.000 millones, de los cuales u$s21.000 millones son apelables y ejecutables. Los otros casos más importantes contra el país, en distintas instancias procesales, pueden resumirse en Holdouts, Cupón PBI,
Holdouts
Se trata de los holdouts del default de 2001. A pesar de los tres canjes realizados por la Argentina en 2005, 2010 y 2016 por u$s9.300 millones, todavía hay un remanente de fondos buitre que continúan su reclamo en tribunales internacionales por los bonos que no se pagaron durante la crisis de principios de este siglo. En total, se discute el pago de u$s1800 millones y, aunque sigue en proceso judicial, hay cerca de u$s510 millones en condiciones de ejecutarse.
Cupón PBI
La causa por al cupón PBI tiene cuatro procesos judiciales. El reclamo de base es que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, modificó la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago de esos bonos.
Cabe resaltar que había una versión del cupón PBI en euros y por eso hubo una causa que se tramitó en Londres. Allí, la Argentina tuvo una condena firme que la obliga a pagar u$s1450 millones más intereses por la manipulación de estadísticas.
Desde ese momento, el Estado argentino no cumplió con el pago ordenado por la Justicia británica. Tan solo cobró una parte, unos 313 millones de euros, que había sido depositada en marzo de 2024 como garantía para apelar, aunque ese intento fue rechazado. Por lo tanto, todavía resta saldar cerca de 1.000 millones de euros. Ante esa falta de cumplimiento, un grupo de bonistas se presentó ante la Justicia de EE. UU..
Por las versiones en dólares del cupón PBI hay tres causas abiertas en la justicia de los Estados Unidos. El fondo Aurelius Capital presentó una demanda por u$s450 millones en 2019, pero la jueza Loretta Preska falló a favor de la Argentina y desestimó la causa por un tecnicismo, pero nunca se expidió sobre la cuestión de fondo. Actualmente, los fondos están apelando esa decisión.
Además, Aurelius Capital comenzó otros dos casos por este tema en 2023 y 2024, con reclamos por u$s6000 millones y u$s1500 millones, respectivamente. Los demandantes buscan sumar otros años al juicio sobre el pago del cupón PBI porque aseguran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del crecimiento, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.
Expropiación de Aerolíneas Argentinas y otros casos
En el mismo juzgado de Estados Unidos al que ahora concurrieron un grupo de bonistas por el cupón PBI, también litiga Titan Consortium, el fondo que intenta cobrar u$s340 millones más intereses por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Asimismo, hay varios casos en trámite en el CIADI, como la nacionalización de las AFJPs y por distintas violaciones a contratos de concesiones de servicios estatales, entre otros. El mes pasado, el CIADI falló a favor de la empresa estadounidense AES Corporation, en un caso por la pesificación, la cual se hizo a la salida de la convertibilidad, de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, que está ubicada sobre el río Limay entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Esto condenó a la Argentina a pagar u$s716 millones.
En esta línea, el Gobierno estudia alternativas y probablemente intentará declarar nulo el arbitrio. En mayo, dicho tribunal del Banco Mundial condenó a la Argentina a abonar 147 millones de dólares a la constructora Webuild por congelar los peajes del puente que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a través de Victoria y Rosario.