Donald Trump redobló en los últimos días su amenaza de enviar a la Guardia Nacional y agentes federales de inmigración a Chicago, en medio de un discurso cargado de críticas a la inseguridad en esa ciudad de Illinois y a las autoridades locales. Sin embargo, un fallo judicial reciente en California abrió una ventana inesperada para el alcalde Brandon Johnson y para el gobernador J.B. Pritzker: los tribunales ya limitaron un movimiento similar del presidente de Estados Unidos en Los Ángeles, lo que podría convertirse en un antecedente clave.
El martes 2 de septiembre, el juez federal Charles Breyer dictaminó que la utilización de unos 4000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en el sur de California fue ilegal. La sentencia se apoyó en la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que las fuerzas armadas asuman funciones policiales en el ámbito local.
Breyer, nombrado por el expresidente Bill Clinton, describió la operación ordenada por Trump como “la creación de una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”. Según la cobertura de Courthouse News, los militares no solo protegieron edificios federales, sino que participaron en la detención de manifestantes y en operativos migratorios, lo cual excedía sus competencias.
El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la resolución y lanzó una dura advertencia en un comunicado oficial: “Hoy, la Corte se puso del lado de la democracia y la Constitución. Ningún presidente es un rey —ni siquiera Trump— y ninguno puede pisotear el poder de un estado para proteger a su gente”.
La Ley Posse Comitatus es un estatuto federal de casi 150 años que limita el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley dentro de Estados Unidos. Según explicó la agencia Associated Press, el principio central es que la seguridad interna debe estar en manos de civiles y no del poder militar, una idea que hunde sus raíces en la época de la independencia, cuando los colonos se rebelaron contra el control absoluto de las tropas británicas.
Promulgada en 1878, después de la Guerra Civil, la norma buscó impedir que el ejército interfiriera en la vida cotidiana durante la Reconstrucción. En particular, los legisladores de aquel tiempo rechazaban que los soldados pudieran bloquear o anular leyes locales, entre las que se incluían las que imponían la segregación racial.
Estos son los principales puntos de la Ley Posse Comitatus:
Mientras en California se dictaba esta sentencia, en Illinois crecían las tensiones por la posibilidad de un desembarco militar. En una conferencia desde la Casa Blanca, Trump declaró: “Vamos a entrar. Tengo la obligación de hacerlo. Esto no es un tema político”.
De inmediato, el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson respondieron que ni la Guardia Nacional ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eran necesarios para Chicago.
Según la cobertura de NBC Chicago, el contacto inicial de la administración federal llegó el sábado previo, cuando la jefatura de la Policía estatal recibió una llamada desde la Patrulla Fronteriza en California en la que se anticipaba un despliegue.
Pritzker confirmó luego que los primeros movimientos ya se habían puesto en marcha:
La coincidencia temporal entre la decisión de Breyer en Los Ángeles y las amenazas de Trump en Chicago alimenta la expectativa de que Johnson y Pritzker puedan recurrir a la Justicia federal. El argumento sería el mismo: la imposibilidad de usar a la Guardia Nacional con fines policiales, salvo en situaciones de insurrección grave o emergencia declarada por el propio estado.
De momento, ni el Pentágono ni la Guardia Nacional de Illinois confirmaron órdenes de despliegue. Un portavoz de la fuerza aseguró que no tiene «una misión asignada en Chicago”, según consignó NBC.
No obstante, el escenario político y legal se perfila como una reedición de la batalla librada en California. Es que Trump sostiene que la violencia en Chicago obliga a la intervención. En contraposición, las autoridades estatales y locales argumentan que la seguridad es una competencia propia y que la Casa Blanca no puede invadir esa jurisdicción.
En este contexto, los jueces federales, como ya ocurrió en Los Ángeles, podrían convertirse en árbitros decisivos de la disputa.