El Gobierno anunció este miércoles que «está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad». La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, tras varias idas y vueltas en el marco del debate por el eventual rechazo al veto de estas asignaciones.
En un marco de creciente presión social, el conflicto, que data de julio de 2024, escala tanto en el Congreso como también en la calle, con marchas y protestas que se intensifican cada semana. Esto ocurre en una jornada en la que la oposición logró rechazar el veto en Diputados, con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, todavía reste que sea tratado por el Senado.
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Ante esta situación, Adorni afirmó -en potencial- que «Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual».
Además, el funcionario indicó que «de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas». Así mismo, Adorni no perdió oportunidad de remarcar que ese ahorro es producto de «terminar con “curros” de muchos años».
El vocero presidencial aseguró que existe un «agenda de mejoras para el sector», algo que, hasta el momento, se desconocía, dado que las acciones de la gestión libertaria fueron siempre en sentido de anular cualquier tipo de aumento en los fondos que se destinan a las prestaciones destinadas a la atención de personas con discapacidad.
Por último, Manuel Adorni informó que el Ejecutivo nacional tiene «el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos».
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Un juez federal de Campana invalidó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, resolvió este lunes declarar inválido el veto presidencial de Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La decisión se originó a partir de un amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años, cuyos tratamientos médicos y su continuidad educativa estaban en riesgo.
A comienzos de este mes, el Decreto 534/2025 había sido publicado en el Boletín Oficial, y el Ejecutivo fundamentaba la medida en el impacto fiscal proyectado, que, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, se ubicaba entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El fallo de González Charvay detalló que los dos menores presentan trastornos generalizados del desarrollo y dificultades específicas en el aprendizaje, y que concurren tanto a un centro educativo terapéutico como a una escuela especial. Desde ambas instituciones se había advertido que “el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre”. En el mismo sentido, el magistrado subrayó que estas entidades “subsisten gracias a préstamos bancarios y donaciones”.
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El juez consideró que el veto constituía “un caso de clara discriminación a personas con discapacidad” y sostuvo que “el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de los niños debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”. Además, señaló que la impugnación de la ley “viola obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Además, existen otros puntos que inciden sobre la política de ancla fiscal, a la que el Ejecutivo considera «intocable». Entre las cuestiones que más resaltan, se encuentran el aumento a los jubilados (que se trata por la tarde del miércoles en el Congreso), la mortatoria previsional y la ley 27.790, que declara por 180 días el estado de emergencia y catástrofe en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, los cuales sufrieron una devastadora inundación en el mes de marzo.
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Esta propuesta, había sido aprobada por el Senado el 7 de mayo y en la Cámara de Diputados el 4 de junio. El proyecto proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinados a la reconstrucción de ambas localidades, sin embargo, Javier Milei vetó la iniciativa mediante el Decreto 424/2025, con el argumento de que el 1 de abril ya se dispuso la creación de un fondo especial del mismo monto, distribuido a través del Ministerio de Seguridad, y de un programa de asistencia directa denominado «Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)».
De esta manera, la gestión libertaria lidia con proyectos necesarios, pero inviables -según su visión-, ya que afectarían el superávit fiscal, una condición que para el FMI es innegociable y que representa para el Gobierno la carta más importante a mostrar, de cara a las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre, y nacionales, del 26 de octubre próximo.
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