El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea enviado a juicio oral y público por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. La presentación fue realizada ante el juez federal Julián Ercolini, quien deberá dar vista a la defensa antes de resolver la elevación del expediente, en una causa que podría convertir a Fernández en el primer ex jefe de Estado argentino en enfrentar un debate oral por este tipo de delitos.
En su dictamen, González sostuvo que la investigación ya está concluida y que no restan medidas de prueba por realizar. Acusó a Fernández por lesiones leves y graves, ambas agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena, según la calificación fiscal, podría alcanzar hasta 15 años de prisión en caso de condena.
La querella que representa a Yáñez había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Con este nuevo requerimiento, el juez Ercolini notificó a la defensa, a cargo de la abogada Silvina Carreira, para que se expida en un plazo de seis días, prorrogables. Una vez cumplido ese paso, el magistrado estará en condiciones de sortear un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py, que tendrá a su cargo el juicio.
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Cómo se inició la causa
La investigación comenzó en agosto de 2024 como desprendimiento de otra causa en la que Fernández está procesado por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gestión. En ese expediente, el análisis del celular de María Cantero —ex secretaria privada del entonces presidente— reveló mensajes y fotos enviadas por Yáñez que mostraban moretones en el brazo y el ojo derecho, además de relatos sobre agresiones físicas.
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En un primer momento, Yáñez no quiso denunciar, ya que los delitos de violencia de género son de instancia privada. Sin embargo, tras hacerse público el caso, decidió presentarse ante la justicia y formalizar la acusación. Esto permitió que se abriera un expediente en el que declararon familiares, médicos y personal de la Quinta de Olivos, lugar donde habrían ocurrido los hechos.
Procesamiento confirmado por la Cámara Federal
El juez Ercolini procesó a Fernández al considerar acreditado que golpeó al menos en dos oportunidades a Yáñez, provocándole lesiones físicas, y que ejerció coacciones para que no presentara una denuncia penal. En abril de este año, la Cámara Federal porteña —integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah— confirmó esa decisión.
“Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, señalaron los camaristas. También destacaron que las agresiones provocaron un “marcado deterioro en las condiciones de salud” de la víctima, agravado por el aislamiento forzado en la residencia presidencial.
Un patrón de violencia sistemática
Para el fiscal González, los hechos ocurrieron en un marco de “relación asimétrica de poder” desde al menos 2016, caracterizado por violencia sistemática: acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad. La fiscalía sostuvo que Yáñez estaba inmersa en una especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo, que fue explotada por Fernández.
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El dictamen también menciona amenazas que incluyeron advertencias sobre la manutención y cuestionamientos sobre la tenencia del hijo en común, con el objetivo de impedir que la entonces primera dama denunciara las agresiones. Esa presión derivó en la decisión inicial de no avanzar judicialmente.
Pruebas reunidas
Durante el año de investigación, la fiscalía analizó testimonios de médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, la madre y la hermana de Yáñez, y su esteticista, entre otros. También incorporó documentación médica, historias clínicas, videos, registros de entradas y salidas de la residencia y comunicaciones telefónicas y por WhatsApp.
La defensa cuestionó la validez de los mensajes, pero peritajes forenses confirmaron su autenticidad. Entre las pruebas clave figuran las imágenes de las lesiones que Yáñez envió a Cantero en 2021 y que se hicieron públicas al inicio del caso.
La querella adelantó que no aceptará ninguna “probation” ni reparación económica, y que solo convalidará un juicio oral y público. En su presentación, González subrayó que se trata de un caso de derechos humanos de las mujeres, lo que impone —por mandato legal y constitucional— la obligación de alcanzar un estado de convicción suficiente para llevarlo a juicio.
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El fiscal remarcó que el análisis de la prueba debe contemplar los contextos particulares en los que ocurre la violencia de género, generalmente en el ámbito privado, y advirtió que no se tolerarán prejuicios o estereotipos que pongan el foco sobre la víctima.
El otro frente judicial
Paralelamente, Fernández enfrenta la llamada “Causa Seguros”, en la que está procesado por haber firmado un decreto que permitió la intermediación de brokers como Héctor Martínez Sosa en la contratación de pólizas para organismos públicos. Ese expediente se encuentra en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que viene
Con la investigación cerrada, la última palabra antes de la elevación a juicio la tendrá la defensa. Si el juez Ercolini confirma el envío a debate oral, se sorteará el tribunal que llevará adelante el juicio y se fijará la fecha de inicio. De avanzar, será la primera vez que un expresidente argentino enfrente un proceso oral por un caso de violencia de género, en un antecedente que marcará la historia judicial y política del país.
DCQ