La ley de jubilaciones, que Presidente Milei dijo que será vetada, fue aprobada por el Congreso en un contexto de haberes previsionales más que deteriorados y críticos.
Es que “con la aceleración inflacionaria que se desató en 2018 sumada a la manipulación a la regla de movilidad en 2019, entre los años 2017 y 2023 las jubilaciones perdieron 35% de poder de compra«, señaló Jorge Colina, de IDESA ( Instituto para el Desarrollo Argentino).
Agregó: «En 2024 se vuelve a cambiar la regla de movilidad para ajustar por inflación pasada. Un detalle importante es que en enero de 2024 el ajuste fue parcial ya que no se consideró toda la inflación de ese mes (que fue de 20,6%). Por otro lado, se continuó con la política de reforzar las jubilaciones más bajas con un bono que desde marzo 2024 se mantiene fijo en $70.000. A esto se agrega que en marzo del 2025 venció la moratoria previsional”.
En tanto, en lo que va de la gestión de Javier Milei, por el congelamiento del bono de $ 70.000, los haberes mínimos – que comprenden a casi 5 millones de personas— han tenido una pérdida de entre 8 y 10%, por encima de los retrocesos durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
A su vez, la informalidad laboral supera el 42% de la población ocupada. Son más de 8,5 millones de personas sin aportes a la Seguridad Social.
Por su parte, las Cámaras Federales y de Seguridad Social de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024 -durante el Gobierno de Alberto Fernández. Y ordenaron reparar la pérdida acumulada durante todo ese período.
Hasta ahora, y pese a involucrar a adultos-mayores, la Corte Suprema no se pronunció sobre estas pérdidas previsionales y tampoco sobre las anteriores, como las ocasionadas por la aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad durante el gobierno de Mauricio Macri y el deterioro de la movilidad vigente entre septiembre de 2017 y fines de 2019, que fue del 18,5%.
En definitiva, entre otros, el deterioro de las jubilaciones y pensiones financiaron en gran parte el superávit fiscal.
En tanto, el Gobierno tiene en carpeta una reforma previsional que se comprometió a impulsar después de las elecciones de octubre que prevé, entre otros puntos, el aumento de la edad jubilatoria, la derogación de los regímenes diferenciales (docentes nacionales, docentes universitarios, Luz y Fuerza, judiciales, entre otros), la restricción de las pensiones por viudez y que el nuevo jubilado reciba un haber inicial de acuerdo a los años efectivamente aportados.
Con este cuadro de situación más que crítico, la ley aprobada por el Congreso otorga un incremento parcial mínimo de los haberes previsionales que cobran poco más de siete millones de jubilados y pensionados de 7,2% y una suba del bono congelado desde marzo 2024 que perciben los haberes mínimos de $40.000, al pasar de $70.000 a $110.000, que será actualizado mensualmente por la fórmula de movilidad por inflación.
El aumento del 7,2% corresponde a un ajuste que debió aplicarse en abril de 2024 porque el Gobierno otorgó por enero de ese año un incremento del 12,5% cuando la inflación de ese mes fue del 20,6%. No obstante, el aumento no es retroactivo porque la ley señala que “el incremento señalado será incorporado al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente sobre el haber percibido en el mes de su sanción”. Tampoco el aumento del bono es retroactivo a abril 2024.
Un punto no menor y en un guiño al Gobierno, la ley ratifica la fórmula de movilidad en base a la inflación como fue aprobada por decreto presidencial el año pasado. No contempla un reconocimiento de lo perdido en los últimos años, pese a los numerosos fallos judiciales, ni un ajuste hacia delante por crecimiento de la economía o mejoras salariales.
El ajuste sólo por inflación significa que el actual deteriorado cuadro de haberes previsionales se mantiene constante de “por vida”.
El texto aprobado por el Congreso señala que la ANSeS deberá transferir a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional un anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional. Ese anticipo debe ser equivalente a una doceava parte del monto total del ultimo déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una.
La ley plantea que estos incrementos, entre otros se financian con:
- Readecuar la suma de $32.616.000.000 del programa presupuestario 16, correspondiente a la Secretaria de Inteligencia de Estado.
- Reducir el programa presupuestario Servicios de la Deuda Pública, en función de la modificación del FMI del 11 de octubre de 2024 a su política de cargos, sobrecargos y comisiones .
- Derogación de exenciones de IVA (para de directores de empresas) y del impuesto a las ganancias (de las Sociedades de Garantía Recíproca).
Según Colina, de IDESA, el aumento de 7,2% para todas las jubilaciones deja el haber real en igual nivel que en 2023 y aumenta el gasto previsional en aproximadamente 0,43% del PBI. El aumento del bono a $110.000 deja el haber real de los que reciben bono en igual nivel que en 2023 y cuesta 0,30% del PBI. Y la prórroga de la moratoria por 2 años agrega de manera permanente un aumento del gasto previsional equivalente a 0,17% del PBI.
Colina admite que “estos datos muestran que la ley apenas logra recuperar los magros niveles de las jubilaciones del 2023 pero es desestabilizante para el equilibrio fiscal. Hay que considerar que el superávit financiero alcanzado el año pasado y que el gobierno proyecta mantener este año es del orden del 0,3% del PBI. Es decir, la ley revertirá el ajustado superávit fiscal logrado que es el principal sostén de la baja de la inflación. Si bien la ley prevé algunas disposiciones para lograr mayores ingresos, son de difícil implementación y de muy bajo potencial de generación de recursos adicionales”.
En la misma línea Carlos Pérez, de la Fundación Capital afirmó que lo aprobado por el Congreso “es un número de magnitud considerable y difícil de financiar: estamos hablando de más de 1,5% del PBI, cerca del 2%. El gobierno nacional ha demostrado que tiene una firme voluntad con el equilibrio fiscal, de hecho hizo un ajuste del 5% del PBI sobre el total del gasto público nacional, en su primer año de gestión. Con estas leyes sancionadas por el Congreso, cuestiones relevantes como la necesaria disminución de la presión impositiva se estaría postergando, por lo que el gobierno nacional seguramente hará su mayor esfuerzo para que su «veto» no sea rechazado por la Cámara de Diputados”
En cambio, Hernán Letcher, de CEPA, consideró que “el aumento a las jubilaciones podría financiarse con la derogación de la exención de IVA a directores de las sociedades anónimas, los gastos de inteligencia o la reducción de los sobrecargos del FMI, tal como prevé el proyecto aprobado por el Congreso”.
Letcher agregó que “además, podría financiarse con el ahorro del ajuste realizado por el propio Milei: el recorte de subsidios representa tres veces el aumento de jubilaciones y bono mientras que el recorte a provincias y Universidades suman la mitad de la mejora votada a los jubilados. De hecho, si se realiza el ejercicio de incorporar el aumento de jubilaciones y bono votado en el Congreso a los gastos de mayo 2025 base caja, el resultado fiscal sigue siendo superavitario”.
Y concluyó:»El reclamo sobre las fuentes de financiamiento parece poco riguroso si se tiene en cuenta que 1 de cada 4 pesos de la ejecución actual no están respaldados en un Presupuesto. Esto se debe a la prórroga del presupuesto 2023 que, dada la inflación de los dos últimos años, da por resultado un 75% de utilización arbitraria de los recursos”.
Para Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, “la crisis abierta a partir de la sanción de leyes que otorgan un aumento jubilatorio (porcentual y bono indexado) y reponen las moratorias son una oportunidad para que todo el arco político tenga que discutir el funcionamiento del sistema previsional, en lugar de mantener un juego de fuerzas opuestas entre el Congreso y el Ejecutivo. En lugar de vetar –o sólo vetar- el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de presentar una propuesta de reforma del sistema previsional que contemple cambios tanto para quienes aportaron como para quienes no aportaron. El sistema de parches con cambios de reglas para pagar menos en cada cambio de Administración o aumentos que se le puedan imponer al Ejecutivo para quedar bien antes de las elecciones u obtener réditos los gobernadores, puede y debería cambiar para discutir un sistema estable y previsible por dos o tres décadas, hasta que la demografía imponga cambios”.
Bour señaló que “el 7,2% de aumento aprobado no va a devolverle a quienes aportaron la pérdida que experimentaron en los años de alta inflación y de modificación oportunista de leyes –en particular durante la gestión Fernández-. Para los que aportaron al menos 30 años los haberes están 11% mejor que el último mes completo de la administración Fernández, pero casi 35% debajo de lo que cobraban a fines de 2018. Mantener en términos reales los haberes como pasaría de mantener las reglas de indexación no permitirá recuperar nunca el haber que se determinó al jubilarse. Y para quienes aportaron menos de 30 años las moratorias no son solución estable pues terminan condenados muy cerca del escalón de los que nunca aportaron. Algo hay que hacer y éste es el momento para el Ejecutivo de presentar una propuesta a la que toda la política tenga que ponerle el hombro y los recursos para sostenerla en el tiempo sin romper el presupuesto”.
Finalmente Rafael Rofman, del CIEPP, afirmó que las leyes previsionales aprobadas «representan una nueva etapa de un proceso que lleva décadas en Argentina, donde postergamos las discusiones de fondo para implementar medidas parciales que mejoran la situación de algunos pero al mismo tiempo generan más inequidades, desafíos de sostenibilidad y alejan la posibilidad de avanzar en una reforma integral, que ordene el sistema y lo haga confiable para las próximas décadas”.
Concluyó señalando que “ojalá este debate sirva para abrir un proceso de discusión y construcción de acuerdos sobre los muchos problemas de fondo del sistema (como los regímenes de excepción o el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación), para tener en un plazo razonable una nueva legislación integral que sea más inclusiva, equitativa y sustentable”.