La oposición en la Cámara de Diputados logró emplazar para este martes las comisiones encargadas de emitir dictamen sobre dos temas clave: el Hospital Garrahan y la crisis presupuestaria en las universidades. En el caso del centro pediátrico, se discutirán dos proyectos; mientras que sobre las casas de altos estudios hay seis propuestas, aunque una de ellas se perfila como la principal.
El plenario de las comisiones de Salud, Presupuesto y Familias, Niñez y Juventudes fue citado para las 12:00 con el objetivo de tratar las iniciativas referidas al Garrahan. A las 16:00 será el turno de las comisiones de Educación y Presupuesto, que debatirán los proyectos sobre financiamiento universitario.
Con el respaldo que obtuvo la moción de emplazamiento, incluso con el acompañamiento de algunos de los llamados “radicales con peluca”, en la oposición descuentan que habrá número suficiente para firmar los dictámenes y avanzar con su aprobación en el recinto.
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Los proyectos universitarios
Entre las seis iniciativas presentadas para garantizar fondos a las universidades, la que lleva la delantera es la impulsada por la radical Danya Tavela y la peronista Blanca Osuna. Este proyecto cuenta con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades y las Federaciones Universitarias.
La propuesta establece la obligación del Poder Ejecutivo de convocar a paritarias para recomponer el salario de los trabajadores universitarios (docentes y no docentes) tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Los incrementos deben ser remunerativos y bonificables. Además, fija que las paritarias se convoquen al menos cada tres meses y que los salarios se actualicen mensualmente, como mínimo, en línea con la inflación.
«Las universidades siguen funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023. Está en su nivel más bajo en casi 20 años, con una caída real del 32%. Afecta a más de 2 millones de estudiantes y a docentes y no docentes que han perdido más del 80% de su poder adquisitivo en términos reales», explicó Tavela.
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El proyecto también determina un piso mínimo de inversión presupuestaria vinculado al PBI: comenzaría en 2026 con el 1% y aumentaría de forma escalonada hasta alcanzar el 1,5% en 2031.
Para garantizar este financiamiento, se propone un mecanismo automático denominado “Proporción Universitaria”, que se aplicaría sobre los fondos nacionales provenientes de la coparticipación federal, «sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los ATN«, según aclaran.
El cálculo de esta proporción se realizará tomando como base el último presupuesto aprobado por el Congreso y dividiendo el crédito destinado al funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales por el monto total proyectado de ingresos.
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El costo fiscal de la iniciativa, que Javier Milei señala como el principal motivo para un eventual veto, aún no fue estimado. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) deberá realizar el cálculo a pedido de las comisiones. «Es difícil de calcular el impacto fiscal porque no hay presupuesto«, indicaron desde el radicalismo. Desde la comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, tampoco aportaron un número estimado.
Otro de los proyectos propone actualizar los gastos operativos al 1 de enero de 2025 considerando el IPC, y sumando una fórmula que combina: un 50% del índice de precios al consumidor, un 25% de la variación del tipo de cambio para importaciones y un 25% del incremento promedio en las tarifas de servicios públicos.
La moción de emplazamiento fue respaldada no sólo por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, sino también por aliados del oficialismo. Entre ellos, dos “radicales con peluca”, la ex libertaria Lourdes Arrieta, Oscar Zago del MID y legisladores cercanos a distintos gobernadores.
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Situación de emergencia pediátrica
En relación al Hospital Garrahan, uno de los proyectos busca declararlo como «referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad«, y garantizar «su pleno funcionamiento, que debe incluir un presupuesto que cubra estructura, equipamiento e insumos, y las tareas que desempeñan los equipos de salud de dedicación exclusiva que forman parte del mismo».
La otra iniciativa, firmada por el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), propone declarar la «emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de Argentina por dos años».
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En ese marco, se ordena la «recomposición inmediata de salarios» y se plantea «eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y guardias», entre otros puntos.
Para financiar esta declaración de emergencia, el proyecto prevé que «el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias».
NG/fl