En un movimiento que sacudió el tablero político nacional, los gobernadores de todo el arco político, incluidos aliados habituales del oficialismo, presentaron en el Senado dos proyectos de ley que buscan redireccionar fondos nacionales hacia las provincias. La iniciativa, que cuenta con amplio respaldo legislativo, representa un duro golpe para el Gobierno de Javier Milei, que ve amenazada su estrategia de ajuste fiscal y centralización de recursos.
Los proyectos, que ya ingresaron formalmente a la Cámara Alta, apuntan a dos objetivos concretos: hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos y regular el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que históricamente han sido utilizados de manera discrecional por el Gobierno nacional.
La jugada de los gobernadores se produce tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Economía, que rechazó las demandas provinciales por considerar que ponían en riesgo el superávit fiscal. El primero de los proyectos propone modificar la Ley 23.966 para que lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos se distribuya entre las provincias según los criterios de la Ley de Coparticipación Federal.
La nueva fórmula establece que el 14,29% de lo recaudado quede para el Tesoro Nacional, el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (ANSES) y el 57,02% para las provincias. De ese porcentaje, el 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y el 75% restante según los índices de coparticipación.
El segundo proyecto busca incorporar un artículo a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (Ley 11.672) para garantizar la distribución automática y diaria de los ATN, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo.
Estos fondos, creados en 1988, están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrio financiero en las provincias, pero en la práctica han sido subejecutados o utilizados con criterios políticos.
Apoyo transversal
Lo que más preocupa al Gobierno es el amplio respaldo que tienen ambas iniciativas. Las firmas incluyen a senadores de Unión por la Patria, la UCR, el PRO, Convicción Federal y bloques provinciales. Incluso figuras que suelen acompañar al oficialismo, como Carlos Espínola (Unidad Federal) y Mónica Silva (Río Negro), se sumaron a la propuesta.
Este consenso anticipa que los proyectos podrían alcanzar los dos tercios necesarios tanto en el Senado como en Diputados, lo que bloquearía la posibilidad de un veto presidencial. Desde el oficialismo, el argumento central para rechazar las iniciativas es que afectarían el equilibrio fiscal.
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