Una auditoría del SAT reveló contratos millonarios entre la Sedena y empresas vinculadas a Carlos Prats García, cercano colaborador del senador Adán Augusto López. Las firmas Avacor y Grupo Servicorvel obtuvieron al menos 32 contratos por más de 1,100 millones de pesos. Principalmente adquirieron uniformes, equipo táctico y boinas para el Ejército y la Guardia Nacional.
Estas empresas inflaron costos hasta el triple, simularon competencia entre sí y violaron normas de licitación. Además, compraron productos enChina, a pesar de que la ley exige importar equipo militar solo desde países con tratados vigentes. Esta red de favoritismo evidencia un claro patrón de corrupción y tráfico de influencias surgido de las filas de Morena.
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SAT detecta irregularidades contables y trasvases sospechosos
La investigación fiscal del SAT descubrió inconsistencias graves como transferencias bancarias no registradas, domicilios fiscales falsos y omisión de ingresos. Como resultado, se impusieron créditos fiscales por casi 27 millones de pesos y se congelaron cuentas asociadas a estas compañías.
Otras sociedades, como Bercale Services, también vinculada a Prats, enfrentan auditorías exhaustivas. Sus registros contables presentan vacíos e incongruencias. Esto ha obligado al SAT a revisar contratos, facturas y operaciones. La situación fiscal de estas empresas contrasta con la impunidad generalizada en otros casos con menos evidencia.
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Un entramado de favores e impunidad
El entramado de empresas favorecidas involucra a jerarquías cercanas a Adán Augusto López en Tabasco, relación que se remonta a su etapa como gobernador. El trato preferencial a Prats muestra un patrón sistemático de adjudicación sin licitación justa en un sector tan sensible como el de defensa.
Estas prácticas no son aisladas, sino parte de una estrategia de Morena para controlar a la milicia mediante contratos, ampliar su red clientelar y financiar operadores políticos. El escándalo creciente exhibe la hipocresía del partido, que prometió transparencia, pero gobierna con discrecionalidad y opacidad.
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¿Acciones y sanciones reales o un simulacro?
Aunque la Sedena justificó los contratos alegando licitaciones públicas, la evidencia de sobrecostos y simulación de competencia contradice esa versión. La Auditoría Superior de la Federación también ha documentado sobreprecios de hasta 30% y entregas tardías.
La pregunta clave es si habrá consecuencias reales. Hasta ahora, pese a créditos fiscales y congelamientos, nadie ha sido sancionado. El círculo de corruptos sigue operando sin freno, mientras el Estado permanece complaciente.