Recortan al SMN y después le exigen lo imposible: la hipocresía del Gobierno ante la catástrofe

La reciente y devastadora inundación que azotó Bahía Blanca desató un debate sobre las responsabilidades y la gestión de la emergencia. En un primer momento, el Gobierno intentó culpar a la lluvia, pero cuando esto se volvió insostenible ante el aumento de denuncias y la indignación de los bahienses, whitenses y cerritenses afectados, comenzó a buscar otros factores.

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Patricia Bullrich, siempre creativa para eludir responsabilidades —aunque en esta ocasión sin la posibilidad de encarcelar a ningún inocente—, cuestionó la actuación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sugiriendo fallas en la emisión de alertas. Sin embargo, los trabajadores del SMN, nucleados en ATE, no tardaron en responderle: las alertas estuvieron, lo que faltaron fueron medidas preventivas para proteger la vida y los bienes de la población.

Las alertas climáticas se difunden a través de la página web oficial del SMN y se envían al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, así como a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Defensa, a las Defensas Civiles de las provincias y a entidades como Parques Nacionales y la Cruz Roja Argentina.

Bullrich intentó hacer demagogia proponiendo un supuesto sistema de alerta de avanzada que llegaría a todos los celulares, algo incompatible con la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Pero, otra vez, el problema no es la difusión de alertas. De hecho, en relación con la alerta naranja emitida el jueves pasado, la Defensa Civil de la Provincia tomó la decisión de suspender las clases del viernes en Bahía Blanca y alrededores, una medida clave para reducir la circulación y evitar que personas quedaran atrapadas en la calle. La población fue advertida y acató, pero esta fue la única acción preventiva tomada por las autoridades locales, provinciales y nacionales. A poco más de un año de la tormenta extrema de diciembre de 2023, no había puntos de refugio ni plan de contingencia. “Nos autoevacuamos”, relataron vecinos de Ingeniero White. “Dormimos arriba de los techos”.

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De forma cínica, Bullrich también se hizo eco de las críticas que apuntaban a que la transición de alerta naranja a alerta roja se hizo demasiado tarde, cuando ya había caído una precipitación de 200 milímetros, dejando a los vecinos sin tiempo para tomar medidas adicionales. Desde el SMN explicaron que “de acuerdo con el protocolo de alertas, un nivel naranja es suficiente para tomar acciones preventivas”. No hay excusas.

Señalar ahora al mismo Servicio Meteorológico que está siendo desmantelado es una canallada. Según un informe de Alejandro Bercovich, el recorte en el SMN en 2024 fue del 31 % en términos reales; en mantenimiento, reparación y limpieza, del 51 %; en maquinaria e insumos, del 92 %. La partida destinada a radares, clave para monitorear tormentas, sufrió un recorte del 62 %.

En el caso específico de Bahía Blanca, los datos del radar local permitieron emitir seis Avisos de Corto Plazo (ACP) por lluvias intensas y ráfagas desde la madrugada hasta la mañana del viernes 7 de marzo, complementando las alertas meteorológicas.

El ajuste también está generando un éxodo de personal altamente capacitado hacia el sector privado y una sobrecarga laboral sobre quienes permanecen en el Estado. Según cálculos informales de los propios trabajadores del SMN, las renuncias ya igualan o incluso superan la cantidad de despidos previstos para 2024.

Si bien se logró frenar los despidos masivos, hubo desvinculaciones en áreas claves, como la de 15 observadores meteorológicos, fundamentales para recolectar datos en estaciones distribuidas por todo el país. Estos trabajadores registran variables como temperatura, viento, nubosidad y humedad relativa, datos esenciales para la elaboración de pronósticos y para alimentar supercomputadoras que procesan modelos climáticos globales, como Windy.

Mientras el Gobierno llena las calles de militares y policías, despide y ataca a quienes realmente tienen la formación y el conocimiento para enfrentar emergencias. Lo mismo ocurre en otras dependencias. Apenas una semana antes del temporal, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, despidió a todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias, el único organismo estatal dedicado a gestionar las consecuencias sociales de catástrofes climáticas en el país.

El viernes 28 de febrero, los trabajadores cesanteados se movilizaron al Ministerio de Capital Humano para denunciar las graves consecuencias de estos ajustes, especialmente en un contexto de crisis climática creciente.

La eliminación de esta Dirección dejó a la población sin una herramienta importante para enfrentar emergencias. Y no solo lo evidenció la inundación en Bahía Blanca y sus alrededores: lo mismo ocurrió en San Miguel de Tucumán. Todos los pronósticos indican que estos eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos debido a la crisis ambiental. Ellos aplican la motosierra, que no culpen a la lluvia, al clima ni a los trabajadores.

Es clave enfrentar todos los despidos, seguir exigiendo que se destine todo el presupuesto necesario para hacer frente a la catástrofe y poner en pie una alternativa desde los trabajadores y sectores populares que cambie de raíz esta situación. La única manera de dejar de lamentar un desastre atrás del otro y empezar a accionar por un mundo que merezca la pena vivir.

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