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jueves, 10 octubre, 2024
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El Gobierno busca cubrir 60 puestos clave en la Justicia y ya mandó los pliegos al Senado para que los analice

Después de retirar una gran cantidad de designaciones que se encontraban en el Senado y que correspondían a jueces, fiscales y defensores, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona remitió a la Cámara Alta cerca de 60 pliegos para que sean analizados y así avanzar en la cobertura de cargos vacantes dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

El Poder Judicial afronta el mayor porcentaje de cargos sin cubrir de los últimos años: un total de 30% de los despachos de jueces nacionales y federales no cuentan con un juez titular. El sistema de subrogancias cubre las falencias ante la letanía con la que se designan magistrados, sin embargo, el ministro de Justicia sostuvo que la situación es «crítica» al entender que el sistema se encuentra colapsado.

Bajo la premisa de darle premura a la cobertura de los cargos, a lo que se suma el 30% del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en igual situación, el ministro de Milei pedirá al Consejo de la Magistratura, responsable de la designación de los jueces, que revise la normativa interna para «dar mayor celeridad al proceso de designación».

Algunos de los trámites iniciados en el Consejo, también fueron requeridos por el ministro Cúneo Libaron para ser analizados con mayor detenimiento. La frase reiterada en los pasillos del Ministerio es “queremos los jueces más idóneos, no los amigos”.

Con ese criterio como eje rector, en el ministerio de Justicia se revisaron las designaciones que habían quedado pendiente -del gobierno de Alberto Fernández- para su tratamiento en el Senado. La revisión de cada expediente se realizó con un reducido equipo convocado por Cúneo Libarona.

Los pliegos retirados eran veintinueve correspondientes a jueces, otros nueve para cubrir vocalía de Cámara, un total de diez fiscales y catorce defensores del Ministerio Público. Eran designaciones que buscaban cubrir cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras jurisdicciones como Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires e incluso en la Defensoría General de la Nación.

Cuando los pliegos retirados estuvieron en etapa de revisión por parte del Ministerio, se tuvieron en cuenta dos criterios centrales: el orden de mérito obtenido en los concursos (esto lo hace el Consejo de la Magistratura después de tomar los correspondientes exámenes) y por otro lado, los estudios y trayectoria académica de los postulantes.

Se tuvo en consideración, vinculado a este último aspecto, la trayectoria en Tribunales de algunos candidatos como también la edad.

Pese a que en Comodoro Py, fuero donde se investiga al poder político, hay una gran cantidad de cargos sin cubrir en los 60 pliegos remitidos por el Ministerio, ninguno está vinculado a los tribunales de Retiro.

Muchos de esos concursos concluyeron, pero aún el Consejo de la Magistratura no confecciona las ternas para ser enviadas al Poder Ejecutivo y que posteriormente, sean remitidas al Senado. Al momento de estudiar los pliegos, se indicó que había algunos nombres “con más vinculación política que formación jurídica” y eso “es lo que se busca erradicar del sistema”.

Números inquietantes

Respecto a las vacancias hay que tener en cuenta otras cifras. Para el año en curso, la Justicia solicita un presupuesto de 652.264.898.345 pesos. Contra 441.648.406.370 pesos que se requirieron para el ciclo en curso.

¿Cuánto de esa masa presupuestaria se destina al pago de salarios? El 94,7%. El documento remitido al Poder Ejecutivo y que fue incluido en el proyecto de Ley que ya se encuentra en el Congreso, detalla una partida de 618.541.797.850 pesos para el ítem “gastos de personal”.

Pero con los últimos datos de inflación, la Corte pidió una revisión de esos números. Según pudo saber Clarín el Gobierno recibirá a los responsables del máximo tribunal, en una reunión donde intervendrá el jefe de Gabinetes y el propio ministro de Justicia para analizar la masa presupuestaria requerida para este 2024.

El trámite de los concursos

El recorrido administrativo para la designación de jueces se inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, como de las fuerzas políticas que integrantes el Poder Legislativo, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.

Una vez cumplimentada esa etapa, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.

Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez o jueza para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.

Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia del gobierno de LLA busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.

Con un 25% de cargos vacantes en todo el país, el Poder Judicial destina 26.595.558.675 pesos en subrogancias y suplencias.

Una de las medidas que busca impulsar, ante ese panorama Cúneo Libarona, es ver la posibilidad de que se concursen cargos que aún no se encuentran vacantes, para que cuando ese lugar quede vacío ya haya un juez concursado y pueda designarse inmediatamente.

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