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domingo, 16 junio, 2024
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Ushuaia prohíbe la tecnología 5G hasta que se demuestre «la inocuidad» de las radiaciones que genera

Ushuaia paso a ser el quinto municipio del país en prohibir la instalación de antenas de tecnología 5G por no contar con estudios científicos y ambientales que garanticen la inocuidad de las radiaciones. 

El municipio de la capital fueguina, a cargo del intendente Walter Vuoto, promulgó de hecho la ordenanza 6317 sancionada por el Concejo Deliberante el 6 de diciembre, donde se establece a la ciudad como “zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes”. De acuerdo a su definición, se trata de las tecnologías vinculadas con los dispositivos que prometen optimizar exponencialmente la velocidad y el volumen de intercambio de datos.

La iniciativa fue impulsada por integrantes de la agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (CORTE) que tiene referentes en Tierra del Fuego.

El municipio “no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología”

De acuerdo a Télam, la norma prohíbe el 5G “hasta tanto se presenten estudios médico científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones».

También menciona que los estudios que en un futuro se presenten para derogar la ordenanza deberán estar “avalados por las recomendaciones no opuestas entre sí, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», como así también a la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento.

Según la medida, el municipio “no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología” por imperio del “principio precautorio en materia de salud y ambiente”. Y agrega que la prohibición indica que en el país “no existen estudios que aseguren la inocuidad de las radiaciones de las radiofrecuencias provenientes de las telecomunicaciones celulares, para los ciudadanos expuestos a largo plazo”.

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Los argumentos de la agrupación contra el 5 g

La asociación CORTE documentó durante el debate legislativo que varios estados municipales del mundo sancionaron ordenanzas similares. Además, explicaron que en Argentina existen regulaciones similares “en la Comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba)”.

“No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares”, sostuvo Alejandra Guerrero, miembro de CORTE en Tierra del Fuego.

La dirigente adelantó que un proyecto similar fue presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, y se encuentra “bajo análisis”.

En octubre pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación de servicios 5G en el país a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023.

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, indicó entonces que cada empresa invertirá alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con este tipo de tecnología.

Sobre los posibles riesgos para la salud y el ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró en 2020 que “no se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas ningún efecto adverso para la salud», aunque el organismo también aclaró -en un documento publicado en su sitio web- que “solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencias que utilizará 5G».

A nivel geopolítico varios países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá prohibieron el desembarco de la empresa china Huawei (una de las que proporciona la tecnología para el servicio) con argumentos vinculados a la seguridad, y no a los riesgos para la salud o el ambiente.

DC / Gi

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