Sin tregua sigue la disputa entre el oficialismo y la oposición en el Senado, donde Victoria Villarruel busca hacerse fuerte respaldada por la «colaboración responsable» de los bloques anti K mientras que desde Unión por la Patria (UP) ya analizan la posibilidad de avanzar con una demanda contra la vicepresidenta por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por la forma en que se repartieron las comisiones en la Cámara alta.
Es que Villarruel dio otro golpe esta semana al avanzar en la conformación de 7 comisiones clave gracias a la sociedad conformada con los bloques antiperonistas -que le permitió hasta ahora contar con 39 votos- para así arrancar el próximo miércoles con el tratamiento del proyecto de ley que impulsa la Boleta Única de Papel y una serie de convenios con beneficios fiscales que fueron firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desde el bloque que preside José Mayans reclamaron la mayoría en cada comisión y, por eso, demoraron la entrega de la nómina con los nombres de los senadores de ese espacio. Sin embargo, horas después de que se conociera el decreto de Villarruel dando las listas de las comisiones, el kirchnerismo envió los nombres de sus representantes.
Sin embargo, la vicepresidenta ratificó la decisión de ceder 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo, algo que había sido acordado por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldado por una mayoría de 39 votos contra 29 del peronismo.
«No pueden hacer lo quieren sin respetar el reglamento», protestó un senador peronista, quien confirmó que se analizará la posibilidad de presentar una demanda contra la vicepresidenta por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», ya que interpretan que no se respetó la representación parlamentaria en la conformación de las comisiones.
Además, la titular del Senado no sólo avanzó con las comisiones necesarias para tratar los proyectos incluidos para las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 31 de enero, sino que también oficializó los representantes de la Cámara alta para la bicameral de Trámite Legislativo, que justamente debe dictaminar sobre el mega decreto de necesidad y urgencia que firmó Javier Milei y que entró en vigencia este viernes.
En la nómina, Villarruel incluyó a los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, el peronismo disidente y de algunos bloques provinciales, dejando sólo 3 lugares para el kirchnerismo, que ya había presentado una lista con 4 senadores: Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González y Silvia Sapag, que finalmente quedó afuera de la comisión. Esto también sería uno de los argumentos para avanzar contra la vicepresidenta.
En paralelo, Martín Menem, desde Diputados, también adhirió al método aplicado en el Senado y desconoció el pedido de Unión por la Patria para que se aplique el sistema D’hondt por bloque. Así, el riojano ratificó su decisión de sólo otorgar 3 lugares al kirchnerismo a pesar de que Germán Martínez, jefe del bloque K, había presentado el jueves una nota exigiendo 4 sillas y advirtiendo que cualquier otra interpretación sería «una arbitrariedad insalvable» .
En resumen, Menem decidió que 2 de los representantes serán de La Libertad Avanza (Oscar Zago y Lisandro Almirón) mientras que la nómina se completa con Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (Hacemos Cambio Federal). Esto puede abrir otro frente de conflicto en el Congreso.
Más allá de la disputa por el control de la bicameral, el DNU aún no tuvo un ingreso formal en el Congreso y fue incluido en el proyecto de Ley ómnibus que envió esta semana el Presidente con la intención de revalidarlo en el recinto.
En rigor, el Gobierno tiene hasta el 8 de enero para comunicar el decreto al parlamento, que a su vez tendrá 10 días hábiles para el tratamiento. Es decir, hasta el 23 de enero podría estar sin tratarse. Si el decreto no tiene dictamen de la bicameral, el kirchnerismo no descarta la posibilidad de llevarlo al recinto pasados los 30 días, es decir fines de febrero o principios de marzo.
«Vamos a trabajar para tumbar el DNU y discutir las leyes centrales que quiere el Gobierno, pero que traigan los proyectos como corresponde», avisó un importante senador peronista, quien estimó que el oficialismo «no tiene los números para aprobarlo». Este pronóstico está en duda porque hasta ahora Villarruel pudo evitar fugas de la nueva mayoría construida en el Senado y, además, otro interrogante que se abre es si alguno de los senadores de la oposición está dispuesto a votar con el kirchnerismo.
Por ahora, para el miércoles fueron convocadas las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto del Senado para dictaminar sobre los convenios económicos internacionales firmados en 2018 con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada «doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión».
También está previsto un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para debatir los detalles del proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP), que tiene la media sanción de Diputados. La intención del oficialismo es sacar despacho de comisión de todos los temas y así poder convocar a una sesión para el 11 de enero, la primera en este periodo de extraordinarias.