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sábado, 22 junio, 2024
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Ley ómnibus de Milei: el oficialismo quiere que pase por cuatro comisiones en Diputados y que se vote el 25 de enero

Tras el impacto que generó la presentación del proyecto ómnibus de Javier Milei, que prevé profundas reformas no sólo en lo económico sino también en lo penal y electoral, el Congreso comienza a desperezarse y obliga al oficialismo a avanzar en la conformación de las comisiones por las que pasará la propuesta.

De acuerdo a lo transmitido por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la intención es que en las próximas horas se definan los nombres de los integrantes de las comisiones que intervendrán en el tratamiento del proyecto, con la intención de comenzar a trabajar en los principales temas la próxima semana, ya con la presencia de los funcionarios del Gobierno.

La intención de La Libertad Avanza es que la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», un mega proyecto de 664 artículos y 183 páginas, pase por sólo 4 comisiones: Presupuesto, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.

Pero desde el kirchnerismo ya advirtieron que la propuesta debería al menos circular por unas 25 de las 46 comisiones que hay en la Cámara baja. En tanto que otros diputados de la oposición estimaron que se podría limitar a una decena.

Por el momento sólo trascendieron algunas de las comisiones de Gobierno. El liberal José Luis Espert es el propuesto para presidir la comisión de Presupuesto, mientras que Fernando Iglesias (PRO) está nominado para Relaciones Exteriores. Para las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales el candidato es el libertario Nicolás Mayoraz.

En las últimas horas también trascendió la decisión del oficialismo de avanzar en la conformación de Juicio Político, otra de las comisiones que solicitó La Libertad Avanza, aunque en estás extraordinarias no hay temas vinculados con esa área.

El proyecto ómnibus que el Presidente envió este miércoles al Congreso genera tensiones no sólo por las comisiones a las que debe ser girado sino también por la intención del oficialismo de comenzar a tratarlo en el recinto el próximo 25 de enero.

En este sentido, distintas voces de la oposición ya advirtieron al oficialismo que es imposible tratar todo el paquete para esa fecha y pidieron al Gobierno que defina las prioridades para que se traten en este período de extraordinarias, que comenzó el 27 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de enero.

«Creo que las prioridades hoy están en resolver la situación económica. Vamos a trabajar para debatir los temas en profundidad. El Presidente tiene que fijar prioridades porque la ley es muy abarcativa y la situación económica es crítica», dijo Paula Olivetto de la Coalición Cívica.

Además hay temas que comenzaron a generar rispideces en la oposición como la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo, algo que también había solicitado en su momento Alberto Fernández y fracasó en su intento.

Karina Banfi, por ejemplo, advirtió que el radicalismo «siempre se opuso a los superpoderes y a delegar facultades del Congreso al Ejecutivo». «No se puede legislar a ciegas, cada propuesta deberá garantizar mejoras para jubilados, trabajadores y/o empresarios y defender las minorías que deben tener representación en el Congreso», agregó.

En tanto, los diputados del PRO, que en la reunión de bloque de este miércoles resolvieron dividirse el proyecto en temas para analizarlo durante el fin de semana, volverán a encontrarse la próxima semana con una idea más clara de las medidas que fueron incluidas en el mega proyecto. En principio, desde la bancada que preside Cristian Ritondo ratificaron su intención de acompañar, hacer aportes y mejoras a la propuesta.

Más allá del apuro del oficialismo, a la propuesta le depara un largo camino por recorrer en el trámite legislativo y algunos escollos importantes ya que varios de los temas que fueron incluidos en el paquete requieren de mayorías absolutas como las reformas políticas y aquellas medidas que afecten los recursos coparticipables.

Tras formalizar su ingreso a Diputados se debe dar el giro a las comisiones, que, posiblemente, deberán reunirse en un plenario para dictaminar y así quedaría habilitado para que el proyecto sea tratado en el recinto. Vale aclarar que en ocasiones y ante situaciones de emergencia un proyecto puede ser tratado “sobre tablas” en el recinto sin que haya pasado previamente por las comisiones, para lo cual también se requiere de mayorías especiales, los dos tercios de los presentes.

Sin embargo, si el proyecto obtiene dictamen deberá ser tratado en el recinto primero en votación en general y después en particular cada artículo. Dado que la iniciativa incluye una profunda reforma electoral y para esas medidas en la votación en particular se necesita de una mayoría especial de 129 diputados.

Tras la aprobación de la Cámara baja, el proyecto deberá ser enviado al Senado para su revisión. En la Cámara alta, la propuesta también debe hacer el mismo recorrido de Diputados pasando por comisiones que tendrán que emitir despacho para luego llevarlo al recinto.

En este caso trascendió que la vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó 7 comisiones para el estudio del proyecto. Esas son Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto, Acuerdos, Relaciones Exteriores, Justicia, y Asuntos Administrativos y Municipales.

Por el momento trascendió que la comisión de Presupuesto será presidida por Ezequiel Atauche, la de Justicia por Carlos Pagotto y la de Asuntos Constitucionales por el peronista no K, Edgardo Kueider. En tanto, Legislación General estará a cargo de Bartolomé Abdala y Relaciones Exteriores de Francisco Paoltroni.

Tras emitir dictamen, el Senado se toma una semana para tratarlo en el recinto, donde la propuesta será sometida a una votación en general y luego en particular cada artículo. Si la ley es modificada deberá volver a Diputados para su ratificación.

Del paquete de leyes incluidas en el mega proyecto, los artículos que requieren de mayoría absoluta son las electorales, los vinculados con partidos políticos y algunas impositivas que afectan a los recursos coparticipables.

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